Socialismo del Siglo XXI

La democracia formal realmente existente comparte con el socialismo “realmente existente” una característica sustancial: la lejanía con los planteamientos originales de sus padres fundadores; lejanía que es comparable a la distancia que separaba, digamos, el socialismo soviético de la filosofía socialista de los Manuscritos de París, de Karl Marx.
La diferencia entre los fundamentos doctrinarios de la democracia formal y su realidad contemporánea, es manifiesta en toda su estructura política, comenzando por la pretensión de que se trata de una democracia representativa.

El mito de la representatividad es el siguiente: La soberanía política de la democracia radica en el pueblo. Dado que las mayorías no la pueden ejercer directamente, la delegan mediante elecciones en representantes parlamentarios, quienes, a su vez, constituyen los órganos estatales. Todas las ramas del poder estatal emanan, por lo tanto, directa o indirectamente, de la soberanía popular. Son, en otras palabras, poderes legítimos.

Esta apología de la democracia parlamentaria es coherente, pero nada tiene que ver con la realidad. En la realidad, los parlamentarios y senadores no representan a aquellos que les dieron el mandato, sino los sustituyen. Elegidos para servir al pueblo, sólo sirven a dos amos: a las elites y a sus propios intereses. Con frecuencia, la representatividad de los gobiernos ni siquiera cubre el aspecto formal. El presidente estadounidense, George W. Bush, por ejemplo, fue elegido en el año 2000 en elecciones fraudulentas, con la minoría de los votos efectivos y representando apenas una cuarta parte de la ciudadanía electoral del país. Y la representación de mujeres, indígenas, desempleados, etcétera, en los parlamentos burgueses, está siempre muy por debajo de la proporcionalidad requerida.

Una de las columnas de la democracia liberal radica en la noción de que las leyes nacen de la lucha de opiniones y argumentos, no de intereses. Pero entre los partidos del parlamento moderno, el lugar del argumento ha sido usurpado por el frío cálculo de intereses y oportunidades de poder, mientras que en el trato de las masas domina la manipulación mediante la “manufactura del consenso”. La “casa del pueblo”, el parlamento, no es el lugar de la verdad emergente, sino el mercado donde se negocia la repartición del poder y de la riqueza social entre las fracciones de la elite. Nociones fundamentales como el “gobierno por discusión”; la responsabilidad primaria del diputado y funcionario ante el pueblo —no ante su partido, ni ante Wall Street—, la ausencia de arcana imperii (secretos de Estado), etcétera, aparecen hoy día sólo como reminiscencias románticas y letra muerta del pasado; desligadas totalmente de la praxis de la res publica.

En la democracia realmente existente rige, dentro del parlamento, la partidocracia y la corrupción y fuera, la fabricación del consenso por los oligopolios trasnacionales de la adoctrinación masiva.

La división de poderes constituye el eje del Estado de derecho burgués. Sin embargo, su situación es semejante a la del Parlamento, porque esta doctrina de Montesquieu —destinada al control del poder del Estado— sólo puede realizarse si los tres poderes están separados en dos dimensiones: la jurídica-organizativa y la social. La duda de Bentham frente a Montesquieu formulada en la pregunta de ¿cómo puede la división de poderes garantizar la libertad, si los tres
poderes están controlados por un solo grupo social?, tiene una respuesta sencilla: no puede. El principio constitucional de la división de poderes requiere ser complementado con el principio sociológico del equilibrio de las fuerzas sociales, es decir, cada uno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tiene que representar a diferentes estratos y clases de la sociedad.

Montesquieu intuyó la problemática, al advertir que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”, sino un “despotismo espantoso”. Si consideramos la situación de la división de poderes en el mundo, es obvio que en la mayoría de los Estados existe un “despotismo espantoso” de la clase dominante, que poco tiene que ver con los designios originales del creador de la doctrina. Sólidamente bajo el control de la oligarquía, el principio es tratado con sabiduría colonial: se acata, pero no se cumple.

Otra pretensión doctrinaria de la democracia formal es que el sistema electoral sea el garante de la participación de las mayorías en los asuntos públicos. Es difícil imaginarse otra argucia tan grande. La razón de ser del sistema electoral consiste en garantizar el acceso equitativo y la rotación de las diferentes fracciones de la elite, al poder del Estado, no del pueblo. Si en determinadas circunstancias, las mayorías logran elegir un gobierno verdaderamente popular y democrático, la clase dominante desconoce sus propias reglas constitucionales y da un golpe de Estado. Este cínico mecanismo se conoce en las “ciencias políticas” como la paradoja de la democracia. Las instituciones democráticas sólo son para los amigos de la democracia, no para sus enemigos.
Traducido a buen romance: la democracia formal sólo es para los amigos de la burguesía, no para el pueblo dispuesto a cambiar la sociedad estructural y pacíficamente: lección que Salvador Allende pagó caro.

La pérdida de soberanía de los Estados nacionales ante la globalización, reduce aún más la importancia limitada de la democracia formal. El Estado nacional sufre una doble subordinación en el sistema mundial: en lo político, cultural y militar está sometido al Estado regional y al Estado global, y en lo económico depende de los mercados regionales y del mercado global. Aunque los funcionarios de esas estructuras superiores, como la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, no son elegidos por ningún ciudadano, su poder de decisión sobre los asuntos nacionales es muy superior al de cualquier representante del pueblo, democráticamente elegido.

Hay un sexto fenómeno problemático en las democracias liberales, sobre todo del Tercer Mundo, que es el que John Locke llamó el “poder prerrogativo”. Este cuarto poder del sistema de dominación de la burguesía consiste en “actuar en favor del bien público siguiendo los dictados de la discreción, sin esperar los mandatos de la ley, e incluso en contra de ellos”. En la praxis de las democracias tercermundistas, el poder prerrogativo se expresa en el gobierno mediante decretos ejecutivos y estados de sitio, cuando las mayorías no aceptan las decisiones de la elite. Se trata de la marginación “legalizada” de los parlamentos.

Un último elemento constitutivo de la filosofía política burguesa merece ser tomado en cuenta:
la eticidad de la sociedad política, tal como es analizada por Hegel. Aun los que no entienden nada
de Hegel, piensan que el filósofo idolatraba al Estado. Pero Hegel no era idólatra ni reaccionario. Entendía que la polarización de la sociedad burguesa en ricos y pobres resultaba de sus insuperables antagonismos de clase y que sólo un Estado ético podía ser garante del bien público frente a los intereses particulares. Dentro del Estado clasista, esta idea es, por supuesto, una quimera, como Marx experimentó tempranamente en su deportación política de Alemania, por el delito de haber tomado partido junto a los pobres. Lejos de representar el bien común, el Estado es el botín de los intereses oligárquicos que lo usan como Calibán en sus políticas de saqueo de las mayorías.

El carácter oligárquico-plutocrático de las democracias liberales es tan evidente en el Primer como en el Tercer Mundo, donde el gobierno-Estado se ha convertido en el botín de las dos fracciones políticas principales en que se manifiesta la burguesía hoy día: los conservadores o demócrata-cristianos y los liberales o socialdemócratas. Los miembros de sus gabinetes y estructuras políticas conductoras son parte de una estrecha elite de hombres de negocios, políticos y militares que, dotados de considerables fortunas personales, rotan dentro de estas tres esferas de poder. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre la democracia plutocrática del Primer Mundo y la del Tercer Mundo. La primera cuenta con el apoyo mayoritario de la población y su clase dominante ostenta, por ende, el carácter de clase dirigente. En el Tercer Mundo es clase dominante, y nada más.

La única aportación histórica trascendental de la burguesía para avanzar la convivencia política hacia una sociedad más justa, es el Estado de Derecho, en sus elementos claves: la constitución, la división de poderes y los derechos formales. Todas estas medidas son antiabsolutistas. Su intención es la reglamentación política de la relación de poder entre el Leviatán estatal y el ciudadano, mediante la delimitación negativa de las facultades del primero. Dado que el problema del excesivo poder del Estado existirá mientras haya sociedades de clase, la negación de la democracia formal sólo puede beneficiar al Estado y a las elites en el poder, no al ciudadano. Por lo tanto, la conclusión es lógica: los derechos democrático-formales son una condición imprescindible y necesaria, pero no suficiente, para la sociedad democrática del futuro; no deben sustituirse, sino ampliarse hacia los derechos sociales participativos.

De la misma manera como el absolutismo político-económico feudal sufrió su democratización a través de los derechos democráticos formales, así ha de sufrir su democratización el absolutismo económico-político del gran capital mediante la extensión de las decisiones mayoritarias hacia todas las esferas sociales. Sin embargo, la democratización del sistema burgués es equivalente a su negación, porque su carácter predominantemente plutocrático es incompatible con la democracia real en lo político, económico, cultural y militar. La democracia real es el fin de la civilización del capital.

La burguesía, al igual que todas las clases dominantes anteriores, nunca aceptó el principio esencial de la democracia que es el control del poder por parte de las mayorías. Contrajo nupcias en contra de su verdadera voluntad con algunos procedimientos de la democracia formal, obligada por la necesidad de atraer a las masas para vencer a la elite feudal. Pero, en el alma siempre ha soñado con el paraíso perdido del feudalismo, donde el poder económico se traducía directamente en poder político. La intocabilidad de la propiedad privada a través del mayorazgo; la impunidad de los señoríos; la infeudación de poderes públicos y privilegios económicos mediante la privatización del poder patrimonial y político público; el control de las mentes mediante los inquisidores del pensamiento y la reducción del trabajador a un siervo del poder económico, son nostalgias imborrables del paraíso perdido al cual quisiera volver cuanto antes. Por eso la tendencia política que la caracteriza hoy día, no es la evolución, sino la involución.