Socialismo del Siglo XXI

La marcha triunfal del valor de cambio por la historia, dinamizada hace siete mil años con el paso del trueque al comercio, para después avanzar sobre hecatombes de víctimas del “progreso” de la civilización, se acerca a su fin. En su última etapa, desde hace doscientos años, el capitalismo moderno ha revolucionado incesantemente las fuerzas productivas y las relaciones sociales. Pero no paró ahí. Generó la correspondencia antropológica que requería su modo de producción: el ser humano, funcional a sus intereses, como productor de mercancías y realizador de la plusvalía.

El más preciado don de la humanidad, la razón, está siendo despojado de todos los elementos críticos, para quedar en un estado puramente instrumental. Por más criminales y amorales que sean los fines, la razón instrumental está a su servicio, con la única función de aportar los medios: desde el robo cotidiano de la plusvalía del trabajador, hasta la matanza científica de los opositores en el inframundo de la aldea global.

La ética de la convivencia cívica y solidaria ha sido desplazada por la moral del más fuerte, que justifica la agonía de la mitad del género humano, en aras de su “incapacidad” para competir en el moderno circo romano que es el mercado mundial. Se repite el panem et circenses (pan y circo) de los emperadores romanos, pero sólo a medias, porque a diferencia del proletariado urbano romano, el de la sociedad global carece del pan que el imperio supo proporcionarle a aquellos que hace dos mil años calificaba como ciudadanos sin ingresos ni profesión.

En el capitalismo, el mercado es la continuación de la guerra por otros medios y la competencia sin misericordia es la laudatio a la destrucción del otro, porque se dirige hacia la aniquilación de sus medios económicos de reproducción. Está fundamentación de la sociedad capitalista sobre un
principio eminentemente destructivo y antisolidario que amenaza permanentemente la misma existencia (el trabajo y la pequeña propiedad) de los ciudadanos, produce con férrea necesidad las relaciones sociales y el tipo de persona que describe Hobbes en su Leviatán.

La absolutización y mistificación del mercado, su verdadera transubstanciación en Malthus y sus correligionarios actuales, constituyen la base de una nueva y reaccionaria metafísica. El contrato social de Rousseau es sustituido por la nueva referencia metafísica, el mercado, investido con los atributos del dios Jahvé del Viejo Testamento, con su incomprensible brutalidad y omnipotencia.

Cuando alguien pierde la base de su existencia “burguesa” —su trabajo o medios de subsistencia— la culpa es del mercado mundial. Si un joven no encuentra un empleo o un lugar en la educación superior, se debe a que no es “competitivo” en el mercado. Si un trabajador tiene cincuenta años y ya no es “productivo”, tiene que aceptar esta condena del mercado y convertirse en desempleado, a la manera de la sentencia de un dios agnóstico o una inquisición anónima que ha decidido en su contra, y que no le deja ninguna instancia de apelación. El ciego destino de la tragedia griega o de la ira del dios todopoderoso que convierte sujetos individuales como pueblos enteros (los del Tercer Mundo) en polvo, se llama hoy día “mercado”.

La oferta “socializadora” del capitalismo consiste en el retroceso incondicional del sujeto — única entidad del universo dotada de razón— y su postración ante la ley del valor, que impone sus intereses bajo la doble máscara ideológica de las “decisiones del mercado” y de la “filosofía” socialdarwinista. Se trata de la peor ofensiva contra el sujeto y la utopía —que han sido la esencia de la dinámica del progreso histórico desde hace dos mil años— desde los regímenes totalitarios de los años treinta.

El mercado como sistema autorregulado y anónimo (cibernético) —como lo plantean los ideólogos del capital— es, por supuesto, un código propagandístico que sólo existe en la teología de los economistas burgueses. El nuevo dios, supuestamente incógnito y todopoderoso en sus decisiones, que ellos llaman “mercado mundial”, es tan identificable como el viejo Jahvé. No anda en huaraches ni con barba bíblica, sino en Mercedes Benz y con trajes de Armani. Su decálogo no tiene diez mandamientos, sino uno solo: la tasa de ganancia. Su casa sagrada es la bolsa de valores y su residencia terrenal son las mansiones de los barrios altos de la burguesía. Y sí, hay causantes y culpables concretos de los horrores que conjura contra la humanidad. Son los cinco mil multimillonarios y los políticos profesionales a su servicio, que son responsables del infierno dantesco que viven miles de millones de seres humanos. Es esa elite plutocrática global cuyas decisiones de inversión en búsqueda de la máxima ganancia, determinan las tasas de desempleo, de hambre, de destrucción ecológica, de deuda externa y de los conflictos bélicos. Nada de anónimo ni todopoderoso ni cibernético, tiene el mercado que pulveriza al individuo. En cambio, todo lo tiene de un régimen antidemocrático y antiético construido y operado por una oligarquía mundial.

La economía nacional de mercado capitalista reduce al homo sapiens a homo oeconomicus; al status de capital humano, como dicen acertadamente sus economistas. No es más que una forma de aparición del capital, que coexiste al lado de sus hermanos gemelos: el capital fijo (tecnología) y el capital monetario. De esta manera, el sistema y sus mandarines confirman lo que Marx expresó con diáfana claridad hace ciento cincuenta años: el ser humano es, y no puede ser otra cosa, para el burgués, que capital variable: una concreción pasajera en una perenne relación de explotación social.

Incipit vita nuova (“empieza la vida nueva”) es la bandera y filosofía de los arquitectos que modelan el nuevo mundo según su imagen: inversionistas, ejecutivos, especuladores y políticos trasnacionales quienes a semejanza de la génesis bíblica están construyendo la nueva casa del hombre mediante un proceso autocrático, a espaldas de todo control democrático de la población mundial. Pero, lo que está en juego es el futuro de la humanidad y este futuro no puede depender de mentes utilitaristas e intereses mezquinos que confunden sus éxitos de explotación, con la predestinación divina y la ley del valor con la esencia humana.

La destrucción del sujeto en la sociedad burguesa es inevitable. Lo que los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y otros, deploraron hace siete décadas, es la consecuencia lógica de la disfuncionalidad del ciudadano crítico frente al entorno institucional del sistema. Ante la creciente contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas, la riqueza social —que por primera vez hace posible la plena autodeterminación y realización racional, ética y estética del sujeto— y la camisa de fuerza de la democracia plutocrática-formal del sistema, la atrofía del sujeto como ente consciente es indispensable para impedir su rebelión masiva contra este sistema.

El sujeto prometéico se vuelve obstáculo y peligro para el capitalismo global, porque entiende lo que es y lo que podría ser. Ve que el sistema le roba la vida y reacciona frente al robo. Y en la medida en que se agudiza la contradicción entre la abundancia material del nuevo milenio, las restricciones de la democracia formal y las necesidades y anhelos del sujeto, incrementa la disposición de la gente a luchar por un cambio cualitativo. Y al no poder democratizar la economía ni la democracia burguesa, la conclusión del sujeto será obvia: la necesidad de otra civilización.

La burguesía descansa sobre una bomba de tiempo. Cuando estalle, será sustituida por gobiernos que le devuelvan al ciudadano el futuro robado.

Toda comunidad humana necesita organizar en forma conjunta tres grandes funciones que no pueden solucionarse de manera individual: el trabajo, la guerra y el orden público. La necesidad de transformar la naturaleza mediante el trabajo en bienes y servicios para el sustento humano, no la puede realizar una persona sola, ni siquiera en la rudimentaria actividad de la caza. Así mismo, la comunidad puede entrar en un enfrentamiento violento (guerra) con otras comunidades o se pueden dar conflictos entre los miembros de una misma comunidad.

Esas tres grandes interacciones con la naturaleza, con los colectivos humanos externos y con los ciudadanos de la misma comunidad, por lo tanto, son las causas que hacen imprescindible el establecimiento de algún tipo de coordinación y decisión colectiva dentro de la comunidad, es decir, la conformación de una autoridad política.

Los medios que esta instancia tiene a su disposición para implementar sus decisiones, son esencialmente, dos:

a) la autoridad moral o legitimidad que consiste en el reconocimiento de su mandato “de gobierno” por parte de los gobernados y que lleva al acatamiento voluntario de sus decisiones y,

b) el uso o la amenaza del uso de la coerción física. Fundamental en este sentido es que la autoridad pública que toma y ejecuta las decisiones no es una instancia separada del colectivo, sino que suele ser el colectivo mismo en su totalidad. A ese tipo de autoridad política coordinadora la llamamos el proto-Estado.

Las tres grandes interacciones sociales que generan la necesidad de una coordinación colectiva o supraindividual, permiten en ciertas circunstancias y a partir de un determinado nivel de la productividad del trabajo, la explotación y dominación de la naturaleza y del ser humano, causando, en consecuencia, la división de la sociedad en clases antagónicas y haciendo conflictiva la convivencia de los ciudadanos a raíz de problemas de clase, de patriarcado, de racismo y de destrucción ecológica.

Cuando sucede esto, el proto-Estado sufre un cambio cualitativo. Su razón de origen, ser administrador de las funciones comunes de la sociedad, se vuelve secundaria. Su nueva razón de ser, la primordial y determinante, consiste en la defensa de los intereses de la elite económica y la protección de los sistemas de explotación y dominación de esta elite. De un comité o instancia de interés público, de la representación de la voluntad general del pueblo, se convierte en un Estado al servicio de la voluntad particular de la clase dominante y, por lo tanto, en un Estado de clase.
Tiene que seguir atendiendo ciertas necesidades generales de la sociedad, como la salud y el orden público, pero todas sus funciones generales pasan por el filtro de su carácter y sus tareas de clase. Si el dinero no alcanza para cubrir la deuda externa y la educación al mismo tiempo, se paga primero a los banqueros. Si el presupuesto no es suficiente para atender la deuda interna y, al mismo tiempo, la salud pública, se gratifica primero a los banqueros. El interés particular de los amos del sistema determina y distorsiona todas las funciones generales del Estado.

Con la conversión de la autoridad pública democrática en una agencia privada de seguridad y represión al servicio de las elites económicas, la función de coerción física deja de ser una facultad de toda la comunidad; se separa de esta y de su control y se organiza en formaciones armadas la clase dominante.

Este es el significado del Estado clasista que históricamente sustituyó al proto-Estado hace alrededor de seis mil años y que desaparecerá con la democracia participativa. En su lugar habrá una nueva autoridad pública que priorizará los intereses generales y que, al perder sus funciones de clase pierde su identidad represiva. La noción de representatividad de los gobernantes que en la plutocracia burguesa es esencialmente demagógica, recobrará entonces su auténtico sentido político, en las funciones públicas que requieren de la representación.

La democracia formal realmente existente comparte con el socialismo “realmente existente” una característica sustancial: la lejanía con los planteamientos originales de sus padres fundadores; lejanía que es comparable a la distancia que separaba, digamos, el socialismo soviético de la filosofía socialista de los Manuscritos de París, de Karl Marx.
La diferencia entre los fundamentos doctrinarios de la democracia formal y su realidad contemporánea, es manifiesta en toda su estructura política, comenzando por la pretensión de que se trata de una democracia representativa.

El mito de la representatividad es el siguiente: La soberanía política de la democracia radica en el pueblo. Dado que las mayorías no la pueden ejercer directamente, la delegan mediante elecciones en representantes parlamentarios, quienes, a su vez, constituyen los órganos estatales. Todas las ramas del poder estatal emanan, por lo tanto, directa o indirectamente, de la soberanía popular. Son, en otras palabras, poderes legítimos.

Esta apología de la democracia parlamentaria es coherente, pero nada tiene que ver con la realidad. En la realidad, los parlamentarios y senadores no representan a aquellos que les dieron el mandato, sino los sustituyen. Elegidos para servir al pueblo, sólo sirven a dos amos: a las elites y a sus propios intereses. Con frecuencia, la representatividad de los gobiernos ni siquiera cubre el aspecto formal. El presidente estadounidense, George W. Bush, por ejemplo, fue elegido en el año 2000 en elecciones fraudulentas, con la minoría de los votos efectivos y representando apenas una cuarta parte de la ciudadanía electoral del país. Y la representación de mujeres, indígenas, desempleados, etcétera, en los parlamentos burgueses, está siempre muy por debajo de la proporcionalidad requerida.

Una de las columnas de la democracia liberal radica en la noción de que las leyes nacen de la lucha de opiniones y argumentos, no de intereses. Pero entre los partidos del parlamento moderno, el lugar del argumento ha sido usurpado por el frío cálculo de intereses y oportunidades de poder, mientras que en el trato de las masas domina la manipulación mediante la “manufactura del consenso”. La “casa del pueblo”, el parlamento, no es el lugar de la verdad emergente, sino el mercado donde se negocia la repartición del poder y de la riqueza social entre las fracciones de la elite. Nociones fundamentales como el “gobierno por discusión”; la responsabilidad primaria del diputado y funcionario ante el pueblo —no ante su partido, ni ante Wall Street—, la ausencia de arcana imperii (secretos de Estado), etcétera, aparecen hoy día sólo como reminiscencias románticas y letra muerta del pasado; desligadas totalmente de la praxis de la res publica.

En la democracia realmente existente rige, dentro del parlamento, la partidocracia y la corrupción y fuera, la fabricación del consenso por los oligopolios trasnacionales de la adoctrinación masiva.

La división de poderes constituye el eje del Estado de derecho burgués. Sin embargo, su situación es semejante a la del Parlamento, porque esta doctrina de Montesquieu —destinada al control del poder del Estado— sólo puede realizarse si los tres poderes están separados en dos dimensiones: la jurídica-organizativa y la social. La duda de Bentham frente a Montesquieu formulada en la pregunta de ¿cómo puede la división de poderes garantizar la libertad, si los tres
poderes están controlados por un solo grupo social?, tiene una respuesta sencilla: no puede. El principio constitucional de la división de poderes requiere ser complementado con el principio sociológico del equilibrio de las fuerzas sociales, es decir, cada uno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tiene que representar a diferentes estratos y clases de la sociedad.

Montesquieu intuyó la problemática, al advertir que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”, sino un “despotismo espantoso”. Si consideramos la situación de la división de poderes en el mundo, es obvio que en la mayoría de los Estados existe un “despotismo espantoso” de la clase dominante, que poco tiene que ver con los designios originales del creador de la doctrina. Sólidamente bajo el control de la oligarquía, el principio es tratado con sabiduría colonial: se acata, pero no se cumple.

Otra pretensión doctrinaria de la democracia formal es que el sistema electoral sea el garante de la participación de las mayorías en los asuntos públicos. Es difícil imaginarse otra argucia tan grande. La razón de ser del sistema electoral consiste en garantizar el acceso equitativo y la rotación de las diferentes fracciones de la elite, al poder del Estado, no del pueblo. Si en determinadas circunstancias, las mayorías logran elegir un gobierno verdaderamente popular y democrático, la clase dominante desconoce sus propias reglas constitucionales y da un golpe de Estado. Este cínico mecanismo se conoce en las “ciencias políticas” como la paradoja de la democracia. Las instituciones democráticas sólo son para los amigos de la democracia, no para sus enemigos.
Traducido a buen romance: la democracia formal sólo es para los amigos de la burguesía, no para el pueblo dispuesto a cambiar la sociedad estructural y pacíficamente: lección que Salvador Allende pagó caro.

La pérdida de soberanía de los Estados nacionales ante la globalización, reduce aún más la importancia limitada de la democracia formal. El Estado nacional sufre una doble subordinación en el sistema mundial: en lo político, cultural y militar está sometido al Estado regional y al Estado global, y en lo económico depende de los mercados regionales y del mercado global. Aunque los funcionarios de esas estructuras superiores, como la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, no son elegidos por ningún ciudadano, su poder de decisión sobre los asuntos nacionales es muy superior al de cualquier representante del pueblo, democráticamente elegido.

Hay un sexto fenómeno problemático en las democracias liberales, sobre todo del Tercer Mundo, que es el que John Locke llamó el “poder prerrogativo”. Este cuarto poder del sistema de dominación de la burguesía consiste en “actuar en favor del bien público siguiendo los dictados de la discreción, sin esperar los mandatos de la ley, e incluso en contra de ellos”. En la praxis de las democracias tercermundistas, el poder prerrogativo se expresa en el gobierno mediante decretos ejecutivos y estados de sitio, cuando las mayorías no aceptan las decisiones de la elite. Se trata de la marginación “legalizada” de los parlamentos.

Un último elemento constitutivo de la filosofía política burguesa merece ser tomado en cuenta:
la eticidad de la sociedad política, tal como es analizada por Hegel. Aun los que no entienden nada
de Hegel, piensan que el filósofo idolatraba al Estado. Pero Hegel no era idólatra ni reaccionario. Entendía que la polarización de la sociedad burguesa en ricos y pobres resultaba de sus insuperables antagonismos de clase y que sólo un Estado ético podía ser garante del bien público frente a los intereses particulares. Dentro del Estado clasista, esta idea es, por supuesto, una quimera, como Marx experimentó tempranamente en su deportación política de Alemania, por el delito de haber tomado partido junto a los pobres. Lejos de representar el bien común, el Estado es el botín de los intereses oligárquicos que lo usan como Calibán en sus políticas de saqueo de las mayorías.

El carácter oligárquico-plutocrático de las democracias liberales es tan evidente en el Primer como en el Tercer Mundo, donde el gobierno-Estado se ha convertido en el botín de las dos fracciones políticas principales en que se manifiesta la burguesía hoy día: los conservadores o demócrata-cristianos y los liberales o socialdemócratas. Los miembros de sus gabinetes y estructuras políticas conductoras son parte de una estrecha elite de hombres de negocios, políticos y militares que, dotados de considerables fortunas personales, rotan dentro de estas tres esferas de poder. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre la democracia plutocrática del Primer Mundo y la del Tercer Mundo. La primera cuenta con el apoyo mayoritario de la población y su clase dominante ostenta, por ende, el carácter de clase dirigente. En el Tercer Mundo es clase dominante, y nada más.

La única aportación histórica trascendental de la burguesía para avanzar la convivencia política hacia una sociedad más justa, es el Estado de Derecho, en sus elementos claves: la constitución, la división de poderes y los derechos formales. Todas estas medidas son antiabsolutistas. Su intención es la reglamentación política de la relación de poder entre el Leviatán estatal y el ciudadano, mediante la delimitación negativa de las facultades del primero. Dado que el problema del excesivo poder del Estado existirá mientras haya sociedades de clase, la negación de la democracia formal sólo puede beneficiar al Estado y a las elites en el poder, no al ciudadano. Por lo tanto, la conclusión es lógica: los derechos democrático-formales son una condición imprescindible y necesaria, pero no suficiente, para la sociedad democrática del futuro; no deben sustituirse, sino ampliarse hacia los derechos sociales participativos.

De la misma manera como el absolutismo político-económico feudal sufrió su democratización a través de los derechos democráticos formales, así ha de sufrir su democratización el absolutismo económico-político del gran capital mediante la extensión de las decisiones mayoritarias hacia todas las esferas sociales. Sin embargo, la democratización del sistema burgués es equivalente a su negación, porque su carácter predominantemente plutocrático es incompatible con la democracia real en lo político, económico, cultural y militar. La democracia real es el fin de la civilización del capital.

La burguesía, al igual que todas las clases dominantes anteriores, nunca aceptó el principio esencial de la democracia que es el control del poder por parte de las mayorías. Contrajo nupcias en contra de su verdadera voluntad con algunos procedimientos de la democracia formal, obligada por la necesidad de atraer a las masas para vencer a la elite feudal. Pero, en el alma siempre ha soñado con el paraíso perdido del feudalismo, donde el poder económico se traducía directamente en poder político. La intocabilidad de la propiedad privada a través del mayorazgo; la impunidad de los señoríos; la infeudación de poderes públicos y privilegios económicos mediante la privatización del poder patrimonial y político público; el control de las mentes mediante los inquisidores del pensamiento y la reducción del trabajador a un siervo del poder económico, son nostalgias imborrables del paraíso perdido al cual quisiera volver cuanto antes. Por eso la tendencia política que la caracteriza hoy día, no es la evolución, sino la involución.