Socialismo del Siglo XXI

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Las grandes aportaciones a la filosofía y ciencia de la democracia formal (burguesa) datan de los siglos XVII y XVIII y están vinculadas a los nombres de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu y Jefferson, entre otros. En los dos siglos siguientes (XIX y XX) no ha habido contribuciones comparables. La razón de este estancamiento son las relaciones de explotación capitalista que hacen imposible que la democracia formal dé el salto cualitativo hacia la democracia participativa.
La democracia participativa como nueva calidad de convivencia pacífica de los ciudadanos, debe reflexionarse, por ende, desde cuatro puntos de vista:

a) La imposibilidad estructural de participación real del ciudadano dentro de la democracia parlamentaria;

b) los múltiples contenidos y mecanismos de la democracia real participativa, practicados por la humanidad durante toda su historia;

c) la falta de desarrollo de la democracia formal y participativa en el socialismo realmente existente y,

d) la aportación de las ciencias avanzadas al futuro democrático.

Desde un punto de vista sistémico, la propiedad “democracia” funciona como mecanismo de adaptación a los constantes procesos de cambio, que operan dentro y fuera del SDCH. Al seguir el sistema social su rumbo evolutivo, de lo sencillo a lo complejo, su propiedad “democracia” se desarrolla correspondientemente, y adquiere cada vez mayor capacidad adaptativa para la sobrevivencia. En este sentido, la aparición del Estado nacional europeo (monarquía absoluta) en el siglo XV, o de la democracia moderna a partir del siglo XVIII, no son fenómenos casuales; responden por necesidad a determinados grados de desarrollo de los componentes internos del sistema (fuerzas productivas, densidad demográfica, urbanización, clases sociales, medios de comunicación, etc.) y a la interacción con su medio ambiente natural y social.

La democracia aparece, por ende, no sólo como algo positivo y éticamente superior a formas más primitivas de organización sociopolítica, sino —en tanto consecuencia necesaria de la evolución histórica de la sociedad humana— funcionalmente superior en su capacidad de adaptación al constante cambio del entorno de la sociedad y naturaleza global. Tal coincidencia entre lo ético y, a grandes rasgos, lo práctico-funcional del comportamiento democrático de un sistema sociopolítico contemporáneo confirma que las grandes banderas de lucha política del siglo XXI sólo pueden ser la democracia participativa y la justicia social.

La democracia como una propiedad (característica) de los sistemas sociales puede concebirse en tres dimensiones: 1. La social, entendida como la calidad de vida material; 2. La formal, definida como el conjunto de determinadas reglas generales de poderes, derechos y obligaciones de las diversas entidades que componen el sistema; 3. La participativa, entendida como la decisión real de los asuntos públicos trascendentales por parte de las mayorías de la sociedad, con la debida protección de las minorías. En el lenguaje de las ciencias naturales podríamos entender las tres dimensiones como magnitudes que caracterizan la propiedad “democracia”.

En la sociedad moderna, las tres dimensiones tienen un orden jerárquico: la tercera presupone la existencia de la segunda y la segunda de una primera. Sin embargo, la relación entre las tres dimensiones es dinámica e interactiva: cada una incide sobre las otras.
El nivel de democracia alcanzado en cada momento histórico en un sistema social complejo (SDCH), puede medirse en términos cuantitativos en las tres dimensiones o magnitudes, hecho por el cual la discusión de “la democracia” deja el campo de la ciencia cualitativa y de la filosofía política, para poder ser abordada por la ciencia. La medición de los grados o magnitudes de democracia puede llevarse a cabo en las más importantes relaciones sociales del sujeto, es decir: 1. Las económicas, políticas, culturales y militares;

2. en las principales instituciones del SDCH y

3. en los niveles micro, meso y macro de la sociedad.

En este sentido, el grado de democracia de cualquier país puede ser investigado con razonable exactitud, obteniéndose una escala respectiva para todos los Estados de la sociedad global. Esta escala estaría formada en un extremo por la democracia participativa y en el otro, por la dictadura, dando lugar a una distribución de los SDCH existentes entre esos extremos. Es obvio, que en la actualidad ningún país puede ser considerado una democracia real-participativa; que en el rango de las democracias formales apenas habría alrededor de treinta Estados y en la democracia social el mismo número.

Sobre esta base de información empírica de democracia en cada país, puede determinarse también el grado de democracia realizable dentro de las condiciones objetivas de evolución actuales. Es decir, se puede calcular con razonables márgenes de error el grado de opresión o antidemocracia anacrónica —fuera de su tiempo histórico— en dichos sistemas.

El conocimiento preciso de la calidad de vida de los ciudadanos en los diferentes “barrios” de la aldea global, no enfrenta otro obstáculo que no sea la falta de voluntad política de las elites mundiales. Para la nueva sociedad, tal diagnóstico será imprescindible para emplear los recursos
naturales y sociales del sistema global, en un programa de rápida reducción de la abismal desigualdad en el nivel de vida material de los ciudadanos de las distintas regiones y países.

El grado de democracia formal en un sistema social puede evaluarse en términos de la existencia y el funcionamiento efectivo de las siguientes instituciones, entendidas por el liberalismo político burgués como constitutivas: 1. La división de poderes (Montesquieu); 2. La constitución (Carta Magna), con una clara definición formal-democrática de los poderes, derechos y obligaciones de las entidades colectivas e individuales de la nación, el reconocimiento a la soberanía del pueblo como única fuente de legitimidad de las autoridades estatales y, por consiguiente, el derecho al tiranicidio; 3. Un sistema formal-democrático de elección de los representantes políticos de la nación, desde el nivel municipal hasta el federal, mediatizado por partidos políticos; 4. El parlamento como representante de la soberanía del poder popular; 5. Una estructura federativa del Estado; 6. La existencia de medios de comunicación que no son propiedad del Estado; 7. El libre acceso a/y usufructo de la propiedad privada y la protección de la misma; 8. El Estado de derecho, incluyendo la protección de minorías; 9. La dicotomía constitutiva entre la esfera privada y la esfera pública.

Estos mecanismos formales han sufrido en la realidad una involución o neutralización por parte de las elites dominantes que los degradan a simples teoremas declamatorios. Para la sociedad postburguesa se requiere su ampliación y profundización como parte indispensable de un manejo democrático del poder en la sociedad política y civil.

El concepto “democracia participativa” se refiere a la capacidad real de la mayoría ciudadana de decidir sobre los principales asuntos públicos de la nación. En este sentido se trata de una ampliación cualitativa de la democracia formal, en la cual el único poder de decisión política reside en el sufragio periódico por partidos-personajes políticos. En la democracia participativa, dicha capacidad no será coyuntural y exclusiva de la esfera política, sino permanente y extensiva a todas las esferas de la vida social, desde las fábricas y los cuarteles hasta las universidades y medios de comunicación. Se trata del fin de la democracia representativa —en realidad sustitutiva— y su superación por la democracia directa o plebiscitaria. El parlamento y el sistema electoral de la partidocracia, como los conocemos hoy, son controlados por las elites económicas y no tendrán lugar en la democracia futura. Lo mismo es válido para los nmonopolios de la adoctrinación (televisión, radio y prensa) y de la producción.

La gran empresa privada —que en términos organizativos es una tiranía privada con estructura militar— es incompatible con una democracia real y desaparecerá como tal. Y el Estado, cual organización de clase, irá por el mismo camino.
La democracia representativa fue un eslabón indispensable en la evolución hacia la democracia directa, mientras no existían los medios técnicos y culturales para la participación de las masas. Esta etapa ha pasado. Hoy, las condiciones tecnológicas y económicas permiten a los pueblos recuperar el poder real de su soberanía, usurpado durante doscientos años por las oligarquías.